Todo el que me conoce sabe cuál ha sido el sueño de mi vida: no trabajar y que me paguen por ello... y además, convencerme de que merezco ese salario aunque no aporte nada a la sociedad. Como alguno sabe, esa propuesta existe y se conoce como RENTA BÁSICA (de ciudadanía). Por fin he entrevistado al padre de la Renta Básica tal y como se propone en la actualidad. Hablo del belga PHILIPPE VAN PARIJS, que ha tenido la amabilidad de responder a unas preguntas (hay un poco de todo... el que quiera conocer la Renta Básica en profunidad, que se compre el libro LA RENTA BÁSICA: UNA MEDIDA EFICAZ PARA LUCHAR CONTRA LA POBREZA). Os dejo con él:
ENTREVISTA CON PHILIPPE VAN PARIJS
ANDRÉS LOMEÑA: Gracias a usted, a Daniel Raventós y a otros, los españoles empezamos a familiarizarnos con la idea de la Renta Básica de Ciudadanía. Usted propone un ingreso o salario básico incondicional que debería darse a todos los ciudadanos (trabajen o no). He tratado de divulgar sus ideas y siempre me he encontrado con el mismo escollo: los “gorrones” (free-riders). Buena parte de los ciudadanos siguen sin entender por qué deberíamos pagar un ingreso básico a personas que deliberadamente deciden no trabajar, o que de hecho nunca han trabajado. ¿Cómo se justifica la existencia de estos “surfistas de Malibú”, por decirlo a la manera de John Rawls?
PHILIPPE VAN PARIJS: La justificación de una Renta Básica incondicional aparece en mi libro Libertad real para todos. La idea central es que no está financiada como una parte del fruto del trabajo de un trabajador, sino como un impuesto pagado por quienes más se benefician de lo que nos ha sido dado por naturaleza, por las generaciones pasadas y por el saber hacer incorporado en todos los aspectos de nuestras instituciones sociales y económicas. Una Renta Básica entregada a “todos” y financiada de una forma predecible y sostenible no trae como consecuencia la explotación de los trabajadores por parte de los aprovechados o gorrones. Equivale a un justo “intercambio de regalos” que de lo contrario sería apropiado injusta y desigualmente por los miembros más aventajados de una comunidad. Por otro lado, aparte de los simples derechos que incluyen una Renta Básica incondicional, las personas pueden asumir toda suerte de iniciativas cooperativas, que incluyen riesgos y producen beneficios. La injusta existencia de gorrones a expensas de quienes llevan toda la “carga” puede darse en este contexto y puede ser legítimamente condenada. Los criterios de justicia cooperativa son relevantes para tales situaciones… pero la Renta Básica incondicional es parte de la justicia distributiva y ésta debe prevalecer.
AL: Su último libro, Justicia lingüística para Europa y para el mundo, es una extensión de su visión ética de la justicia para asuntos lingüísticos en contextos multiculturales. Ha propuesto un “impuesto lingüístico” debido al bilingüismo asimétrico de algunas regiones. No estoy seguro de si he entendido su planteamiento. Por ejemplo, yo gasto esfuerzos en aprender inglés mientras la gente de habla inglesa no gasta tiempo aprendiendo español. A mi juicio, yo tengo más libertad de discurso que ellos. ¿En qué contexto sugiere un impuesto lingüístico y por qué se penaliza a los free-riders (gorrones) anglófonos?
PvP: La práctica de una lengua vehicular común es precisamente una de esas operaciones cooperativas. Compartir un idioma es un bien público importante que beneficia a todos los que lo usan para comunicarse con hablantes nativos de otras lenguas. Pero la carga de producir este bien público necesita ser compartida justamente entre todos los beneficiarios. La forma más sencilla de lograr esto sería imponiendo un impuesto lingüístico a los anglófonos con la intención de subvencionar el aprendizaje de lenguas por los no anglófonos. Discuto esta opción en mi libro, pero no la propongo seriamente. En su lugar, yo sostengo varias formas de “free riding” (gorroneo) compensatorio, como por ejemplo la “caza furtiva” de contenidos anglófonos en la web. Nada de esto tiene que ver con la “libertad real para todos” (incluyendo expresarse uno mismo), que resume mi concepción de la justicia distributiva. Esa concepción es relevante para el capítulo tres, que se centra en la competencia lingüística como una ventaja individual, pero no para el capítulo dos, que se centra en el lenguaje como un bien público y de este modo se trata la justicia lingüística como justicia cooperativa.
AL: Vayamos a un caso real, mi favorito cuando se trata de discutir con mis amigos catalanes. Grosso modo, en Cataluña se habla catalán y castellano indistintamente. Sin embargo, en la escuela secundaria se estudia en catalán porque es la lengua vehicular. ¿Comparte esta política lingüística?
PvP: La preocupación de la justicia distributiva como “libertad real para todos” y de la justicia lingüística como “paridad de estima” (capítulos cuatro y cinco del libro) es una combinación de dos cosas: el aumento de los requisitos para la comunicación a través de las fronteras y la protección territorial de las lenguas más vulnerables. Comunicarse más allá de tus fronteras puede, en algunos casos, ser practicable, cuando hay sólo dos lenguas implicadas, a través del aprendizaje mutuo de la otra lengua. En otros casos, sólo es realista compartir un idioma suprarregional o supranacional. Al mismo tiempo, las comunidades lingüísticas deben tener la opción de prevenir el desplazamiento de sus lenguas por otras más fuertes. Éstas pueden hacerlo adoptando lo que yo llamo un “régimen lingüístico coercitivo y territorialmente diferenciado”, por ejemplo, imponer restricciones al uso del idioma en las comunicaciones públicas y la educación dentro de un territorio particular.
AL: Según algunas personas, la parálisis del gobierno belga ha sido buena para demostrar que la crisis económica puede ser superada sin partidos políticos. ¿Cuál es su opinion?
PvP: Después un año y medio de negociaciones, Bélgica ahora tiene un gobierno de coalición con un programa de reformas institucionales. La crisis económica no ha desaparecido, ya sea con el gobierno o sin él. La crisis y otros problemas sólo pueden ser resueltos en una escala mayor, en particular en el nivel de la Unión Europea. Para que esto sea posible, necesitamos instituciones políticas que puedan funcionar bien en un nivel que no comprenda una única nación. Eso no es fácil, como quedó demostrado en la reciente historia de Bélgica; una política que cada vez puede entenderse menos como perteneciente a una “nación”. Además, las decisiones que persiguen más justicia social a nivel europeo necesitarán movilizaciones más allá de las fronteras de los estados miembros como una herramienta indispensable. Ésta es la razón fundamental por la que defiendo una democratización rápida de una lengua vehicular europea.
AL: Por último, el filósofo alemán Peter Sloterdijk ha dicho que el Estado del Bienestar es una cleptocracia, es decir, un régimen donde gobiernan los ladrones. ¿Qué piensa de esta polémica?
PvP: El pasaje más sensato de este artículo de Sloterdijk es el siguiente: “Nosotros ya hemos escrito el título del próximo capítulo de nuestra historia: El pillaje del futuro por el presente”. Debido al peso de la deuda pública y del sistema de pensiones, así como al daño medioambiental a largo plazo y al fallo de la curva de crecimiento demográfico a nivel global, la generación actual en el poder está en proceso de infligir una seria injusticia a la más joven y a la que está aún por nacer. Un generoso pero insostenible Estado del Bienestar puede tener algo que ver con esto, pero todavía más la insuficiente carga impositiva de los individuos más ricos, la inadecuada regulación de las multinacionales y la falta de un sistema de pensiones fiable en los países menos desarrollados.
La mayoría de lo que nosotros podemos ganar a través de nuestros salarios no se debe a nuestros esfuerzos, sino al tremendo privilegio de las oportunidades que nos han dado en virtud de dónde y cuándo hemos nacido. Los cleptócratas, de este modo, son aquellos que quieren conservar el total de sus ingresos en lugar de compartirlos. Esto no significa que no haya usos de los impuestos vergonzosos e inútiles, como por ejemplo pagar altos salarios a empleados públicos ineficientes y bien protegidos por sus conexiones políticas, o dar altos beneficios a algunos solicitantes que no satisfacen las condiciones de elegibilidad. La integridad y la eficiencia deberían ser preocupaciones centrales para cualquiera en un cargo público. Pero esto está lejos de convertir al Estado del Bienestar, o a una parte significativa de éste, en un sistema intrínsecamente cleptocrático, menos aún la parte que consiste en dar a todos un suelo seguro en el que puedan permanecer.
ANDRÉS LOMEÑA CANTOS
20/02/2012
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